La Unión Europea ha iniciado contactos con el régimen talibán de Afganistán para coordinar la deportación de solicitantes de asilo rechazados y de afganos condenados por delitos, una maniobra que ha sido recibida con duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. El anuncio, conocido el 9 de junio de 2026, ha provocado una ola de rechazo entre colectivos que consideran que Bruselas está dispuesta a sacrificar los derechos de las mujeres afganas en aras de sus objetivos migratorios.
Varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que el mero hecho de sentarse a negociar con los talibanes supone un reconocimiento implícito de un régimen que mantiene una política sistemática de opresión contra las mujeres. «Es inaceptable normalizar relaciones con un régimen que oprime a las mujeres», señaló un portavoz de la organización. La UE insiste en que no reconoce oficialmente al Gobierno talibán, pero reconoce que sin su cooperación las deportaciones resultan inviables.
Presión de los Estados miembros
Bruselas actúa bajo la presión de varios países europeos que exigen acelerar las devoluciones de inmigrantes irregulares. La posibilidad de deportar a afganos con órdenes de expulsión se ha convertido en una prioridad para algunos gobiernos, especialmente ante el incremento de los flujos migratorios procedentes de Asia Central. No obstante, los talibanes han puesto condiciones que las ONG consideran inaceptables para iniciar las deportaciones, aunque los detalles de esas exigencias no han trascendido.
Para España, país que actúa como frontera sur de la UE, la decisión tiene implicaciones directas. El Ejecutivo español, que en el pasado acogió a miles de colaboradores afganos tras la retirada de las tropas internacionales en 2021, ahora se enfrenta al dilema de apoyar una política que podría vulnerar derechos humanos fundamentales. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, evitó pronunciarse directamente sobre las negociaciones, aunque fuentes diplomáticas aseguran que España sigue las directrices comunitarias.
El debate pone sobre la mesa la tensión entre la eficacia migratoria y el respeto a los derechos humanos, en un contexto donde las políticas de asilo de la UE están siendo sometidas a una presión creciente. Las organizaciones humanitarias advierten de que el precedente que se siente puede ser peligroso para futuras negociaciones con regímenes autoritarios.
