El Gobierno italiano, bajo la dirección de Giorgia Meloni, ha intensificado la colaboración con Libia y Túnez para interceptar a los migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, según han revelado una investigación de medios franceses publicada este martes. Con el respaldo financiero y logístico de la Unión Europea, Italia equipa, entrena y financia a los guardacostas libios y tunecinos, a pesar de las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por estas fuerzas contra los migrantes.

Una política sin escrúpulos

La estrategia, bautizada por los medios como «la mecánica del silencio», consiste en externalizar el control migratorio en países del norte de África sin exigir garantías sobre el trato a los exiliados. Según la investigación, la colaboración incluye patrullas conjuntas, cesión de embarcaciones y sistemas de vigilancia, así como la formación de unidades especializadas en la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales.

La Comisión Europea ha destinado cientos de millones de euros a través del Fondo Fiduciario de la UE para África y otros instrumentos, sin que Bruselas haya condicionado estos fondos al respeto de los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han denunciado en múltiples ocasiones que los guardacostas libios devuelven a los migrantes a centros de detención donde sufren torturas, trabajos forzados y desapariciones.

Italia y la UE están externalizando sus fronteras a cambio de silenciar las violaciones de derechos humanos en Libia y Túnez. Es una política deliberada que prioriza el control migratorio sobre la vida de las personas.

El interés español en el Mediterráneo

La colaboración italo-europea con Libia y Túnez afecta directamente a España, que comparte con Italia la ruta migratoria del Mediterráneo central y occidental. Mientras Roma intenta desviar los flujos hacia las costas españolas, Madrid ha reforzado su propia cooperación con Marruecos y Mauritania para contener la migración. Según datos del Ministerio del Interior, las llegadas irregulares a España aumentaron un 12% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

La política de externalización, aunque eficaz en reducir las llegadas a Italia —que registró 42.000 desembarcos en 2025, un 30% menos que en 2024—, traslada la presión a otros puntos del Mediterráneo, como las costas de Andalucía y Canarias. Además, las organizaciones humanitarias advierten de que el blindaje de Libia y Túnez empuja a los migrantes a rutas más peligrosas, como la del Atlántico hacia Canarias, donde la mortalidad es mayor.

La investigación subraya que la UE y el Gobierno Meloni han priorizado la eficacia numérica en la interceptación, sin abordar las causas profundas de la migración ni garantizar la protección de los solicitantes de asilo. Mientras tanto, las dictaduras de Libia y Túnez utilizan la cooperación migratoria como moneda de cambio para obtener legitimidad internacional y ventajas económicas.