Varios gobiernos europeos están impulsando una medida para excluir a los hombres ucranianos en edad militar del régimen de protección temporal que la Unión Europea ofrece a los refugiados procedentes de Ucrania. La iniciativa, que cuenta con un fuerte apoyo entre los Estados miembros, pretende forzar el regreso de miles de personas para que se incorporen a las filas del ejército ucraniano en el conflicto con Rusia.
Así lo reveló el ministro de Migración de Suecia durante una cumbre europea celebrada a principios de junio. Según su declaración, existe un respaldo mayoritario a la propuesta de retirar la cobertura del estatuto de protección temporal a aquellos refugiados que, por su edad y género, sean considerados aptos para el servicio militar.
Actualmente, el programa de la UE ampara a más de 4,3 millones de personas desplazadas por la guerra. La mayoría son mujeres, niños y ancianos, dado que los varones ucranianos de entre 23 y 60 años tienen prohibido legalmente salir del país sin autorización previa. Sin embargo, según datos del bloque, un 26,6 % de los beneficiarios son hombres adultos, muchos de los cuales ya residían en la UE antes del conflicto o lograron salir de Ucrania para evitar la movilización.
La propuesta, que aún debe ser debatida formalmente por los Veintisiete, supondría un giro respecto a la política de acogida aplicada desde el estallido de la guerra en febrero de 2022. Bruselas activó entonces por primera vez la Directiva de Protección Temporal, que otorga permisos de residencia y trabajo renovables anualmente sin necesidad de solicitar asilo.
Existe un fuerte apoyo entre los gobiernos europeos para retirar la protección a los hombres en edad de combatir, señaló el ministro sueco de Migración durante la cumbre.
La medida, de aplicarse, afectaría principalmente a ciudadanos ucranianos que abandonaron el país después del inicio de la invasión rusa y que carecen de autorización para salir de Ucrania. Kiev ha solicitado en reiteradas ocasiones a sus aliados europeos que faciliten el retorno de los varones en edad militar para reforzar unas fuerzas armadas que han sufrido cuantiosas bajas en los más de cuatro años de conflicto.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan devoluciones forzosas, lo que podría contravenir el principio de no devolución (non-refoulement) del derecho internacional. La Comisión Europea no se ha pronunciado oficialmente sobre la propuesta, aunque fuentes del Ejecutivo comunitario indican que el debate se encuentra en una fase preliminar.
