Los líderes de la Unión Europea están considerando una prohibición de las redes sociales para niños menores de 13 años, según ha trascendido este lunes en Bruselas. La medida, que aún está en fase de debate, responde a un consenso creciente entre los Estados miembros sobre la necesidad de proteger a los menores en el entorno digital.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que, aunque la decisión final sobre cuándo los niños obtienen su primer teléfono inteligente corresponde a los padres, existe un acuerdo sobre la necesidad de fijar una edad mínima para acceder a las plataformas sociales. «En última instancia, son los padres quienes deciden cuándo sus hijos reciben su primer teléfono, pero lo que ya tenemos es un consenso de que debe haber una fecha de inicio para la edad en que los niños pueden unirse a las redes sociales», declaró Von der Leyen.

La propuesta se enmarca en los esfuerzos de la UE por reforzar la protección de los derechos digitales de los menores y se suma a iniciativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La edad de 13 años no es nueva en la regulación europea: el RGPD ya establece que el tratamiento de datos de menores requiere el consentimiento de los padres a partir de los 13 años, aunque los Estados miembros pueden fijar un límite inferior (entre 13 y 16 años).

El debate se produce en un contexto de creciente preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, incluyendo problemas de ansiedad, depresión y exposición a contenidos inapropiados. Varios países de la UE, como Francia y Alemania, ya han impulsado normativas nacionales para restringir el acceso de los menores a las plataformas digitales.

La Comisión Europea no ha precisado el calendario de la posible prohibición ni el mecanismo de aplicación. Fuentes comunitarias indican que la propuesta podría incluir sanciones a las plataformas que no verifiquen la edad de los usuarios. La medida deberá ser negociada con el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de convertirse en ley.