La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha impulsado en sus primeros seis meses de gobierno un ambicioso programa de rearme militar, pero la prensa japonesa señala que las restricciones presupuestarias, la contracción demográfica y las limitaciones constitucionales frenan las aspiraciones de Tokio frente al creciente poderío de China en Asia-Pacífico.
El presupuesto de defensa para el año fiscal 2026 ha alcanzado los 9,04 billones de yenes (unos 58.000 millones de dólares), mientras que el gasto total en seguridad se sitúa en aproximadamente 10,6 billones de yenes, lo que representa cerca del 1,9% del PIB. El umbral del 2%, durante mucho tiempo considerado un tabú político, ha quedado así casi desbordado.
Obstáculos estructurales al rearme
Pese al incremento, desde la prensa japonesa se subraya que Japón enfrenta serios obstáculos estructurales. La deuda pública, que duplica el PIB del país, limita el margen fiscal para aumentos sostenidos del gasto militar. Además, la población en edad militar se reduce año tras año debido al envejecimiento demográfico, lo que complica el reclutamiento de efectivos.
La Constitución pacifista de Japón, en particular su artículo 9, sigue siendo otra traba jurídica que condiciona el alcance de las Fuerzas de Autodefensa. Aunque el Gobierno de Takaichi ha flexibilizado su interpretación, cualquier reforma profunda requeriría un consenso político difícil de alcanzar en un Parlamento dividido.
Según la lectura de los analistas japoneses, la ambición de rearme responde a la necesidad de contrarrestar la expansión militar china en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, pero advierten de que Japón no puede igualar el ritmo de gasto de Pekín. China destina cerca del 1,7% de su PIB a defensa, pero su economía es mucho mayor y su población en edad militar sigue siendo amplia.
El análisis concluye que, sin un replanteamiento de las prioridades fiscales o una reforma constitucional, el rearme japonés podría toparse con un techo difícil de superar en los próximos años.
