Una auditoría publicada el 9 de julio de 2026 ha revelado que cerca de 64.000 de los 157.800 efectivos de la Policía Nacional de la República Democrática del Congo son «no activos» o «ficticios», lo que representa aproximadamente un 40,6% de la plantilla. El informe, hecho público el pasado jueves, destapa una trama de empleos ficticios que podría costar al Estado entre 87 y 204 millones de euros anuales, según las estimaciones de los auditores.
Una sangría presupuestaria y operativa
La existencia de los llamados «policías fantasma» permite la malversación de fondos públicos y debilita la capacidad del Estado congoleño para mantener el orden en un país clave en la lucha contra grupos armados y epidemias. La auditoría, de la que se hizo eco la prensa local e internacional, subraya que «un policier sur deux n’existe pas» (uno de cada dos policías no existe), una frase que los inspectores repiten en sus conclusiones.
El informe no detalla las regiones más afectadas ni los nombres de los responsables, pero sitúa el problema en el seno de la estructura de la Policía Nacional. Fuentes próximas a la auditoría señalaron que la falta de un registro unificado y la corrupción endémica han permitido que estos puestos ficticios perduren durante años.
La institución policial, que debería contar con agentes desplegados en todo el territorio para hacer frente a la inseguridad y a la amenaza de grupos rebeldes, se ve así mermada en su capacidad operativa. La noticia supone un duro golpe para la credibilidad del Gobierno de Kinshasa, que lleva años prometiendo reformas en el sector de la seguridad sin resultados tangibles.
