El uranio que el Gobierno de Níger nacionalizó en 2025 sigue sin encontrar comprador. Los bloqueos judiciales interpuestos por la empresa francesa Orano, antigua Areva, y el cierre definitivo de la vía iraní han dejado a la junta militar nigerina en una situación de impasse comercial, según fuentes conocedoras del proceso.
Desde que el régimen de transición nacionalizó los activos de Orano en el país, la comercialización del mineral se ha topado con múltiples obstáculos. La compañía francesa ha recurrido a tribunales internacionales para paralizar cualquier operación de venta, mientras que la opción de exportar a Irán, que había sondeado el Gobierno nigerino, ha sido definitivamente descartada debido a las sanciones internacionales y a la presión diplomática de Occidente.
La junta, que llegó al poder tras el golpe de Estado de 2023, hizo de la soberanía sobre los recursos naturales uno de sus ejes centrales. Sin embargo, la realidad es que Níger depende de las rutas logísticas internacionales para sacar el uranio, y sin un comprador dispuesto a asumir los riesgos legales y geopolíticos, el mineral permanece almacenado.
El bloqueo judicial de Orano no es el único problema. La infraestructura de transporte, controlada en gran parte por empresas extranjeras, también se ha convertido en un cuello de botella. Los corredores logísticos hacia Benín y Costa de Marfil están bajo el control de operadores que exigen garantías que el Gobierno nigerino no puede ofrecer mientras los litigios estén abiertos.
El caso de Níger es ilustrativo de cómo la retórica soberanista choca con la realidad de las cadenas de suministro globales. La falta de acuerdos de venta y la imposibilidad de recurrir a mercados alternativos como el iraní dejan a la junta en una posición delicada: sin ingresos de uranio y con la presión de su propia población, que espera beneficios tangibles de la nacionalización.
Mientras tanto, Orano mantiene su ofensiva legal y no descarta nuevas acciones para proteger sus derechos, en un contexto donde la dependencia energética europea y la competencia franco-española por el acceso a recursos africanos añaden capas de complejidad al conflicto.
