Un prefecto francés ha sido condenado por la justicia administrativa por ignorar las cláusulas del acuerdo franco-argelino de 1968, que regula la estancia de ciudadanos argelinos en Francia. El fallo, de 28 de junio de 2026, da la razón a una ciudadana argelina a la que se le había denegado un certificado de residencia de diez años, a pesar de que el acuerdo bilateral establece condiciones claras para su concesión.
Un acuerdo que sigue en vigor
El acuerdo franco-argelino de 1968 es un tratado bilateral que otorga un régimen migratorio específico a los nacionales argelinos en Francia, distinto del aplicable a otros países extracomunitarios. A pesar de los intentos de diversos sectores políticos franceses por derogarlo o modificarlo, los tribunales han reiterado su validez y aplicabilidad en numerosas ocasiones.
La sentencia contra el prefecto constituye una nueva victoria judicial para los ciudadanos argelinos que recurren a la vía administrativa para defender sus derechos de residencia. La prefectura había rechazado la solicitud del certificado de diez años sin tener en cuenta los criterios establecidos en el acuerdo, lo que el tribunal consideró una violación de las obligaciones internacionales de Francia.
Repercusiones diplomáticas y políticas
El fallo se produce en un contexto de tensiones recurrentes entre París y Argel, donde la cuestión migratoria es uno de los puntos de fricción. La decisión judicial refuerza la protección legal de los argelinos en Francia y sienta un precedente que podría alentar nuevas demandas contra administraciones locales que ignoren el acuerdo de 1968.
El caso llega después de que el ministro del Interior francés, en declaraciones a la prensa local, planteara en varias ocasiones la necesidad de revisar el tratado, lo que ahora se topa con la firmeza del poder judicial. La condena podría tensar aún más las relaciones bilaterales si el Gobierno francés insiste en modificar el marco legal heredado de la época posterior a la independencia argelina.
