Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron este miércoles 27 de mayo en la sede central del gobernante Partido Socialista (PSOE) en Madrid para requerir documentación, en el marco de la investigación por un presunto complot para desestabilizar procesos judiciales en su contra. Según fuentes de la investigación, por esa causa la gerente de la bancada oficialista y dos exaltos cargos de la formación han sido añadidos a la imputación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó la «total colaboración» con la Justicia y volvió a descartar elecciones anticipadas, como presiona la oposición.
La operación, que se ha prolongado durante varias horas, ha supuesto un terremoto político en un momento de máxima tensión institucional. La oposición ha exigido explicaciones inmediatas, mientras que el Ejecutivo confía en que la Justicia actúe con independencia. Este registro se enmarca en la investigación conocida como caso Koldo, que afecta a la trama de contratos de mascarillas durante la pandemia y que ha salpicado al PSOE en varias comunidades autónomas. Según fuentes jurídicas citadas por la agencia EFE, la UCO busca documentación sobre presuntos encargos a dedo y comisiones ilegales que habrían beneficiado a empresas vinculadas al partido.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias paralelas para determinar si existen indicios de delito en las contrataciones. Mientras tanto, el presidente Sánchez ha defendido la actuación de la Justicia y ha pedido «prudencia» hasta que concluya la investigación. La oposición, encabezada por el Partido Popular, ha solicitado la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso para dar explicaciones sobre el alcance de la operación.
