La Corte Suprema de Estados Unidos escucha estos días el caso Chatrie, que cuestiona la constitucionalidad de las denominadas órdenes de búsqueda geofence (geofence warrants). Estas órdenes obligan a Google y otras empresas tecnológicas a entregar los datos de localización de todos los dispositivos situados en un área determinada durante un período concreto, sin necesidad de identificar a un sospechoso individual.

El caso, cuyas deliberaciones comenzaron esta semana en Washington D.C., enfrenta a la demandante, Chatrie, contra el gobierno de Estados Unidos, que defiende la práctica como herramienta clave para la investigación criminal. El fallo definirá si las búsquedas geofence violan la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos contra registros e incautaciones irrazonables.

El dilema de la privacidad masiva

Según explicó el abogado Adam Unikowsky, el meollo del asunto radica en que estas órdenes afectan a miles o incluso millones de dispositivos, no a un único sospechoso. «Por qué las búsquedas geofence son problemáticas», señaló Unikowsky, «es porque permiten al Estado acceder a datos masivos de localización sin una orden individualizada, lo que choca con el principio de causa probable». La defensa del gobierno sostiene que, al ser las empresas quienes poseen los datos, la orden es un proceso administrativo válido.

El tribunal deberá determinar si el requisito de especificidad de la Cuarta Enmienda exige que la orden describa con precisión el lugar a registrar y las personas o cosas objeto del registro. Las consecuencias de la decisión irían mucho más allá de Google, ya que afectarían a la capacidad del Estado para acceder a datos de localización de cualquier compañía, con implicaciones directas para la privacidad digital de los ciudadanos.

Organizaciones de derechos civiles han presentado escritos de amicus curiae advirtiendo de que un fallo favorable al gobierno abriría la puerta a una vigilancia estatal masiva sin control judicial previo. «La Corte tiene la oportunidad de trazar una línea clara que proteja la intimidad en la era digital», declaró un portavoz de la ACLU.

Se espera que el veredicto se conozca antes del receso de verano del tribunal, probablemente en junio de 2026. Mientras tanto, el caso Chatrie se ha convertido en el examen jurídico más importante sobre privacidad de localización desde la expansión de los teléfonos inteligentes y la geolocalización masiva.