La Corte Suprema de Estados Unidos ha avalado este 24 de junio que la compañía petrolera ExxonMobil continúe con una demanda contra empresas estatales cubanas por la propiedad de refinerías confiscadas tras la revolución de 1959. El fallo, que sienta un precedente, permite a la multinacional reclamar activos en la isla al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.

La decisión del alto tribunal estadounidense abre la puerta a que otras empresas norteamericanas presenten reclamaciones similares contra entidades cubanas que operan con bienes expropiados a ciudadanos o corporaciones de EE.UU. durante el Gobierno de Fidel Castro. El Título III de la Ley Helms-Burton, aprobado en 1996, permite a los estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba demandar a quienes se beneficien de esos activos, aunque su aplicación había sido suspendida por sucesivas administraciones hasta que el presidente Donald Trump la reactivó parcialmente en 2019.

El caso de ExxonMobil se refiere a instalaciones de refinado que la compañía asegura poseer antes de la expropiación. La petrolera estatal cubana Cupet y otras entidades insulares figuran como demandadas. El fallo de la Corte Suprema, que rechazó los argumentos de la defensa cubana sobre la inviolabilidad de la soberanía nacional, podría generar un aluvión de litigios que compliquen aún más las relaciones bilaterales y desalienten las inversiones extranjeras en la isla, incluidas las de empresas españolas con intereses en el sector energético cubano.

La Administración de Joe Biden, que había mantenido una política de sanciones heredada de Trump, no se ha pronunciado oficialmente sobre el fallo. Sin embargo, el Departamento de Estado ha advertido en el pasado que la aplicación del Título III podría perjudicar los intereses de aliados europeos, especialmente España, cuyas compañías han invertido en hoteles, puertos y proyectos energéticos en Cuba. La decisión judicial, según fuentes jurídicas consultadas, refuerza la doctrina de la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses, un punto de fricción recurrente con la Unión Europea.

El Gobierno cubano, por su parte, ha denunciado el fallo como una violación del derecho internacional y ha reiterado su disposición a defender su soberanía. La Habana sostiene que las expropiaciones fueron legítimas y compensadas, y que las reclamaciones de ExxonMobil carecen de fundamento legal bajo la legislación cubana. La sentencia de la Corte Suprema no resuelve el fondo del litigio, sino que autoriza a la petrolera a proseguir con la demanda, que deberá dirimirse en tribunales inferiores.