El Congreso de Estados Unidos ha puesto en tela de juicio la propuesta de la administración Trump de destinar 350.000 millones de dólares en financiación obligatoria para defensa, así como el futuro del acorazado promovido por el presidente. En una reunión del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes celebrada el 24 de junio, la congresista demócrata Betty McCollum, de Minnesota, expresó su preocupación por el hecho de que estos fondos se canalicen a través de un proyecto de ley de reconciliación, evitando el proceso regular de asignaciones.
«Me preocupa profundamente que la propuesta presidencial de 350.000 millones de dólares en financiación obligatoria para defensa —incluida en un proyecto de ley de reconciliación y no en un proyecto de ley de asignaciones— no cuente con la opinión del Comité de Asignaciones para su promulgación. Esa no es la forma correcta de financiar el Departamento de Defensa», señaló McCollum. La congresista añadió que al Pentágono le llevó diez meses explicar al Congreso cómo gastó los 150.000 millones de dólares en financiación obligatoria que recibió el año pasado, calificando la situación de «inaceptable». McCollum afirmó no tener confianza en que el Departamento mejore su rendición de cuentas en el futuro.
El acorazado de Trump, en el punto de mira
La financiación propuesta, que asciende a 350.000 millones de dólares, forma parte de los planes de la administración Trump para reforzar el gasto militar, incluyendo la construcción de un nuevo acorazado, uno de los proyectos emblemáticos del presidente. Sin embargo, varios congresistas han cuestionado la necesidad y el coste de la nave, así como la falta de supervisión que supone eludir el proceso de asignaciones ordinario.
La congresista McCollum también advirtió de que no hay garantías de que el proyecto de ley de reconciliación, que requiere solo mayoría simple en el Senado, salga adelante. «Tampoco hay garantía de que se apruebe un proyecto de ley de reconciliación», declaró. El debate pone de relieve las tensiones entre el poder legislativo y el ejecutivo en torno al control del gasto militar, en un momento en que el gasto en defensa de EE.UU. ya supera los 850.000 millones de dólares anuales.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó finalmente el proyecto de ley de asignaciones para defensa del año fiscal 2027, pero las dudas sobre la financiación obligatoria propuesta por Trump persisten. La controversia tiene implicaciones para los aliados de la OTAN, incluida España, ya que cualquier recorte o reasignación del presupuesto militar estadounidense podría afectar al compromiso de Washington con la seguridad europea.
