La desaparición y muerte de Yulixa Toloza, una estilista colombiana de 52 años, tras someterse a una lipólisis láser en un centro sin habilitación sanitaria en el sur de Bogotá ha reabierto el debate sobre la regulación de las clínicas estéticas clandestinas en América Latina. El caso, ocurrido en mayo de 2026, se suma al de Blanca Adriana Vásquez, de 37 años, desaparecida y hallada muerta tras acudir a una supuesta clínica estética en Puebla (México). Ambas tragedias evidencian un problema estructural: la operación impune de establecimientos que, al margen de la ley, realizan procedimientos estéticos sin controles sanitarios ni habilitación profesional.

Según las autoridades colombianas, Yulixa Toloza acudió a un centro en el sur de Bogotá para realizarse una lipólisis láser, un procedimiento que elimina grasa mediante calor. Días después, su cuerpo fue hallado en circunstancias que la Fiscalía investiga como homicidio. La familia denunció que el local carecía de licencia sanitaria y que los supuestos médicos no estaban registrados. El caso de Blanca Adriana Vásquez en México presenta paralelismos: desapareció tras ingresar a una clínica no regulada y fue encontrada muerta; las pesquisas apuntan a negligencia médica y posible actividad criminal.

Organizaciones de consumo y colegios médicos de ambos países han señalado que la falta de supervisión permite que estas clínicas operen «a plena vista» en zonas comerciales y residenciales, aprovechando la demanda de procedimientos estéticos de bajo coste. En Colombia, la Superintendencia de Salud ha abierto investigaciones administrativas contra al menos 15 establecimientos en Bogotá este año, pero las sanciones son lentas y las clausuras, temporales. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha intensificado operativos, aunque el número de clínicas ilegales sigue siendo incalculable.

Los casos de Toloza y Vásquez han generado indignación en redes sociales y llamados a endurecer las penas para quienes operen centros estéticos sin autorización. Expertos en derecho sanitario consultados por medios locales advierten de que, mientras la normativa no tipifique como delito autónomo el ejercicio ilegal de la medicina estética, los vacíos legales seguirán facilitando la impunidad. Por ahora, las familias de ambas víctimas exigen justicia y una regulación más estricta que evite nuevas muertes.