La Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha dictaminado este viernes que la reforma constitucional aprobada en Togo en 2024 constituye un «cambio anticonstitucional de gobierno». El fallo, emitido desde la sede del tribunal en Abuya (Nigeria), da la razón a la oposición togolesa, que había impugnado la modificación legal al considerarla un golpe de Estado institucional.

La reforma de 2024 amplió los poderes del presidente y eliminó el límite de mandatos, lo que permitiría al presidente togolés, Faure Gnassingbé, perpetuarse en el cargo. Gnassingbé, que ha gobernado el país desde la muerte de su padre en 2005, ya había sido reelegido en 2020 con un mandato que expira en 2025, pero la reforma abrió la puerta a una nueva candidatura sin restricciones de reelección.

Un fallo simbólico pero sin efectos coercitivos

La decisión de la CEDEAO, aunque jurídicamente significativa, carece de mecanismos coercitivos directos. El tribunal regional no dispone de fuerza policial ni militar para imponer sus sentencias, por lo que su impacto depende de la presión política y diplomática que pueda ejercer sobre Lomé. La oposición togolesa, no obstante, ha celebrado el dictamen como una «victoria moral» y una herramienta para presionar al Gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas para 2025.

El caso sienta un precedente en África Occidental, donde varios países han experimentado reformas constitucionales controvertidas en los últimos años. La CEDEAO, que ha intervenido en crisis políticas en Mali, Burkina Faso y Níger, refuerza con este fallo su papel como garante del orden constitucional en la región, aunque sus decisiones no siempre se traducen en cambios reales sobre el terreno.

El Gobierno de Togo no se ha pronunciado oficialmente sobre el dictamen, pero fuentes próximas al Ejecutivo citadas por medios locales sugieren que Lomé considera la sentencia «no vinculante» y que mantendrá la reforma vigente. La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, Unión por la República (UNIR), ya había ratificado la reforma en 2024 con una amplia mayoría.