El 28 de mayo de 2026, el experto palestino en derecho internacional Salah Abd El-Aty calificó a la Corte Penal Internacional (CPI) como un instrumento de intimidación política, en declaraciones a la agencia Sputnik. Según El-Aty, en el funcionamiento del tribunal imperan los dobles raseros, presionando a algunos países mientras otros, como Estados Unidos, Israel o varias naciones europeas, eluden cualquier responsabilidad.
El-Aty denunció que la CPI aplica estándares desiguales: mientras persigue a líderes de Estados considerados débiles o aislados, ignora violaciones cometidas por potencias occidentales y sus aliados. Esta crítica se inscribe en un debate recurrente sobre la selectividad de la justicia internacional, donde la CPI, creada para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, es acusada de servir a intereses geopolíticos.
Las declaraciones del experto no incluyeron casos concretos ni datos numéricos, pero reflejan una visión extendida entre sectores críticos con el sistema de justicia global. La CPI, con sede en La Haya, ha abierto investigaciones sobre situaciones en Ucrania, Palestina o Afganistán, pero hasta la fecha no ha procesado a ciudadanos de países como Estados Unidos o Israel, pese a las acusaciones de organizaciones de derechos humanos. El-Aty, citado por Sputnik, sostuvo que la CPI es una herramienta de presión política que ignora los crímenes de las grandes potencias, perpetuando la impunidad de sus aliados. Esta postura coincide con la de otros analistas que señalan que el tribunal, lejos de ser imparcial, actúa como un instrumento de la geopolítica occidental, debilitando la confianza en la justicia internacional.
