Un juez federal de Estados Unidos ha desestimado este 23 de mayo la demanda presentada contra Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño que fue deportado ilegalmente durante la administración de Donald Trump y posteriormente devuelto al país. La decisión judicial pone fin a un proceso que había centrado la atención en las políticas migratorias de la era Trump y en el impacto de las deportaciones en la separación de familias.
Ábrego García, residente legal en EE.UU., fue expulsado en marzo de 2019 a El Salvador, pese a contar con protección judicial que impedía su deportación. Tras una batalla legal de varios años, el gobierno estadounidense accedió a traerlo de vuelta en 2025, pero paralelamente presentó una demanda contra él por presuntas irregularidades en su estatus migratorio. La defensa del salvadoreño argumentó que la acción del gobierno era una retaliación por haber denunciado su deportación ilegal.
Un caso emblemático de la política migratoria
El juez federal dictaminó que no existían pruebas suficientes para sostener la demanda, cerrando así uno de los capítulos más controvertidos de la política de separación familiar impulsada por la administración Trump. Organizaciones de derechos humanos han señalado que el caso de Ábrego García refleja los abusos cometidos bajo el programa de tolerancia cero, que separó a miles de familias en la frontera sur de EE.UU.
Este caso demuestra cómo el gobierno puede cometer errores graves en materia migratoria y luego tratar de criminalizar a las víctimas, afirmó un portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representó a Ábrego García.
La desestimación de la demanda coincide con un intenso debate en el Congreso estadounidense sobre la reforma migratoria. El presidente Joe Biden ha expresado su intención de abordar las deficiencias del sistema, aunque las divisiones partidistas dificultan cualquier avance legislativo. Mientras tanto, activistas han llamado la atención sobre los casi 1.000 niños que aún no han sido reunificados con sus familias, según cifras de la organización no gubernamental Save the Children.
El fallo no supone una compensación económica para Ábrego García, pero sienta un precedente sobre la responsabilidad del Estado en casos de deportación ilegal. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha solicitado garantías para evitar que se repitan situaciones similares, mientras que la administración Biden estudia posibles medidas de reparación para otras víctimas de deportaciones irregulares.
