El Gobierno de Giorgia Meloni ha intensificado desde 2022 las trabas legales y operativas a las organizaciones no gubernamentales que realizan labores de rescate de migrantes en el Mediterráneo central. Las medidas, denunciadas por organizaciones internacionales y recogidas por la prensa francesa, incluyen multas, retenciones de buques y un arsenal jurídico restrictivo que afecta a la capacidad de respuesta humanitaria en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.
El bloqueo de las operaciones de rescate está provocando un desvío de flujos migratorios hacia España, que se consolida como la principal puerta de entrada irregular a la Unión Europea. Según datos de Frontex, las llegadas a Italia cayeron un 30% en 2025 respecto al año anterior, mientras que las llegadas a España aumentaron un 15% en el mismo periodo.
Un arsenal jurídico contra el rescate
Italia ha aprobado normas que obligan a las ONG a dirigirse a puertos lejanos tras cada rescate, reduciendo su tiempo efectivo en el mar. Además, las autoridades han impuesto sanciones económicas y bloqueos administrativos a varias embarcaciones, algunas de las cuales han quedado inmovilizadas durante meses. En un incidente ocurrido en agosto de 2025, un equipo de una ONG que operaba cerca de las costas africanas recibió disparos de los guardacostas libios, según denunció la propia organización. El Gobierno italiano no se ha pronunciado oficialmente sobre este episodio.
La estrategia de Roma, enmarcada en la política de «externalización de fronteras» promovida por la UE, busca delegar el control migratorio en países como Libia y Túnez, pero ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por las condiciones inhumanas en los centros de detención libios y las devoluciones en caliente.
España, en primera línea
El endurecimiento italiano no solo tiene consecuencias humanitarias, sino que reconfigura las rutas migratorias en el Mediterráneo. El aumento de llegadas sitúa a España como principal punto de presión migratoria en el sur de la UE, en un momento en que el Gobierno español busca gestionar los flujos con acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito. La Comisión Europea ha expresado su preocupación por las trabas a las labores de rescate, pero Bruselas carece de competencias directas para imponer cambios a las políticas nacionales en esta materia.
El caso italiano ilustra las dificultades de la UE para articular una política migratoria común y las tensiones entre los Estados miembros, que optan por soluciones unilaterales que acaban por trasladar la presión a los vecinos. Para España, el desafío es doble: gestionar el aumento de llegadas y defender un modelo de rescate humanitario que la legislación italiana está erosionando.
