El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al ejército tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, un incremento significativo respecto al 60% que ya gestionaba militarmente. La decisión, comunicada en los últimos días según fuentes militares, supone un nuevo golpe a las ya debilitadas perspectivas de un alto el fuego y a cualquier plan de paz en la región.

La ampliación del área bajo ocupación responde a una estrategia de consolidación territorial que, según analistas, pretende impedir cualquier retorno a la situación anterior al conflicto. El nuevo perímetro, trazado en un mapa actualizado que fue remitido a las agencias humanitarias que operan en el enclave a finales de marzo, incluye una «línea naranja» que delimita la zona restringida bajo control del ejército israelí.

Una década de control

Desde la ofensiva terrestre masiva iniciada en 2024, Israel ha ido ampliando progresivamente su presencia militar en Gaza. El salto del 60% al 70% del territorio confirma una tendencia que, según fuentes diplomáticas, hace inviable cualquier negociación que contemple un Estado palestino viable. La medida llega en un momento en que la comunidad internacional, a través de la ONU y diversos mediadores, trataba de relanzar un proceso de paz que quedó congelado tras la ruptura de las conversaciones en 2025.

Las organizaciones humanitarias han denunciado que la nueva línea naranja restringe aún más el acceso de la población civil a servicios básicos, como agua y electricidad, y dificulta la labor de los equipos de rescate. Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de dos millones de gazatíes viven hacinados en el reducido espacio que aún no está bajo control directo del ejército israelí, en condiciones que califican de «catastróficas».

La decisión de Netanyahu ha sido respaldada por los partidos de la coalición de Gobierno, que consideran la expansión territorial como una medida necesaria para garantizar la seguridad de Israel. Sin embargo, la oposición y diversos sectores internacionales advierten de que la medida solo alimenta el ciclo de violencia y aleja cualquier posibilidad de una solución diplomática.