Un nuevo acuerdo de privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) permitiría a gobiernos autoritarios abusar de las Notificaciones Rojas y otros mecanismos de la organización para perseguir a opositores refugiados en el extranjero, según un análisis jurídico publicado esta semana. El pacto, adoptado recientemente, facilitaría el uso de la red policial internacional para reprimir a disidentes eludiendo los controles judiciales de los países democráticos.

Un blindaje que preocupa a los defensores de derechos humanos

El acuerdo ampliaría el marco de inmunidades de Interpol y de su personal, lo que podría debilitar las garantías procesales que actualmente permiten a los Estados nacionales revisar y rechazar solicitudes de detención con fines políticos. El análisis sostiene que la modificación «facilitaría que los autócratas abusen de las famosas Notificaciones Rojas de Interpol y de otros mecanismos para perseguir a quienes buscan refugio en el extranjero huyendo de la represión en sus países».

El informe advierte que, de aplicarse sin las salvaguardas adecuadas, el acuerdo podría socavar la protección de refugiados políticos en democracias como España o países latinoamericanos, que a menudo acogen a disidentes de regímenes autoritarios. La organización no gubernamental Fair Trials ha denunciado en anteriores ocasiones que las Notificaciones Rojas son utilizadas para fines políticos, especialmente por parte de países como Rusia, Turquía o China, que solicitan la detención de opositores en el exterior.

Llamamiento a los Estados miembros

El análisis insta a los países miembros de Interpol a rechazar el nuevo acuerdo, alegando que otorgaría a la organización una inmunidad excesiva que dificultaría la rendición de cuentas y dejaría a los perseguidos políticos sin recursos efectivos. La crítica se produce en un momento en que varios gobiernos democráticos han mostrado su inquietud por el creciente uso político de la base de datos de Interpol.

El nuevo acuerdo de privilegios e inmunidades fue adoptado sin una amplia consulta pública y, según sus críticos, podría entrar en conflicto con las obligaciones de derechos humanos de los Estados miembros. Por el momento, Interpol no ha emitido una declaración oficial al respecto, y varios países, entre ellos España, están evaluando las implicaciones del texto.