El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha adquirido identificadores fiscales de inmigrantes a través de un corredor de datos, según una revisión de contratos realizada por el medio 404 Media. La operación, valorada en 10 millones de dólares, sugiere un esfuerzo sistemático por parte de la agencia para rastrear a inmigrantes utilizando datos fiscales, lo que ha despertado serias preocupaciones sobre la privacidad y el uso de información personal.
Según la documentación analizada, ICE habría contratado a un corredor de datos no identificado para acceder a registros vinculados a números de identificación fiscal (ITIN) utilizados por inmigrantes que no poseen un número de la Seguridad Social. El contrato, fechado en junio de 2026, indica un pago de 10 millones de dólares por el acceso a estos datos, lo que podría permitir a la agencia identificar y localizar a inmigrantes indocumentados para su deportación.
Se parece en todos los sentidos a que ICE está comprando los identificadores fiscales de los inmigrantes, dijo el senador demócrata Ron Wyden, conocido por su defensa de la privacidad digital. Parece que la administración Trump está tratando de eludir la ley y una orden judicial para alimentar su campaña de deportaciones masivas.
La adquisición de datos fiscales por parte de ICE plantea dudas legales, ya que la legislación estadounidense protege la confidencialidad de las declaraciones de impuestos. El ITIN es un número emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para que personas que no tienen un número de la Seguridad Social puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Su uso por parte de la policía migratoria podría violar las protecciones de privacidad establecidas en el código tributario.
404 Media señala que el contrato se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por intensificar las deportaciones, tras la firma de varias órdenes ejecutivas al inicio de su mandato. La agencia de inmigración ha incrementado el uso de datos de terceros y técnicas de vigilancia para localizar inmigrantes, en un contexto de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles que denuncian la falta de transparencia y los riesgos para la privacidad de millones de personas.
