El Gobierno de Honduras ha ordenado una intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el departamento caribeño de Colón y en la localidad de Corinto, tras dos ataques armados ocurridos este jueves que dejaron al menos 16 muertos. Las autoridades han prometido «actuar con firmeza» para capturar a los responsables, en un contexto de escalada de violencia criminal que golpea al país centroamericano.

El primer suceso se registró en una hacienda del departamento de Colón, donde diez trabajadores fueron ejecutados a tiros por un grupo armado no identificado. Horas después, en Corinto, municipio fronterizo con Guatemala, seis policías murieron durante un operativo antidrogas, según confirmó la Secretaría de Seguridad en un comunicado. Las autoridades no han descartado que ambos ataques estén vinculados a bandas del crimen organizado que operan en la zona.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha convocado de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional para coordinar la respuesta. El portavoz del Gobierno, en una comparecencia ante los medios la noche del jueves, señaló que «no se escatimará ningún recurso» para restablecer el orden. La intervención militar y policial incluye el refuerzo de patrullajes, controles de carreteras y operativos de búsqueda en Colón y Corinto.

Un país asfixiado por la violencia

Honduras arrastra una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con una media de 38,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. La región de Colón, estratégica por su salida al mar Caribe y su proximidad a rutas de narcotráfico, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre pandillas y fuerzas de seguridad. El ataque en Corinto, junto a la frontera guatemalteca, añade una dimensión transfronteriza que preocupa a las autoridades de ambos países.

No descansaremos hasta que los responsables de esta masacre sean capturados y puestos a disposición de la justicia. La violencia no quedará impune, afirmó el portavoz gubernamental.

La comunidad internacional ha seguido con atención los acontecimientos. La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su condena a través de un comunicado oficial, y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras instó a las autoridades a «garantizar que la intervención militar respete el Estado de derecho y los derechos humanos». España, a través de su Embajada en Tegucigalpa, recomendó a los ciudadanos españoles en la zona extremar las precauciones y evitar desplazamientos no esenciales.

Los ataques del jueves se producen apenas dos semanas después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreciera su modelo de «guerra contra las pandillas» como solución a la violencia regional, una propuesta que la mandataria hondureña ha rechazado públicamente por considerar que vulnera garantías fundamentales. La crisis actual vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles en Centroamérica.