El veterano periodista de investigación Seymour Hersh ha desvelado la existencia de un conjunto de documentos clasificados conocidos como Documentos de Acción de Emergencia Presidencial (PEAD), un supuesto ‘Libro del Juicio Final’ que otorga al presidente de Estados Unidos poderes excepcionales y que, según Hersh, fue utilizado por Donald Trump para fines migratorios, desvirtuando su propósito original.
En un reportaje publicado este 17 de junio, Hersh detalla que los PEAD son órdenes ejecutivas previamente redactadas que pueden ser activadas en situaciones de crisis nacional, como una guerra o un ataque terrorista, para permitir al presidente actuar sin restricciones legales ordinarias. Sin embargo, el periodista sostiene que Trump invocó estos documentos en el ámbito de la inmigración, una interpretación que, según fuentes consultadas por Hersh, va más allá de lo que los redactores originales de los PEAD contemplaron.
Trump’s invocation of them on immigration betrays their original purpose.
Hersh, ganador del Pulitzer por sus revelaciones sobre la masacre de My Lai en Vietnam y el escándalo de Abu Ghraib, afirma que el uso de los PEAD por parte de Trump representa un riesgo para el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Los documentos, cuyo contenido exacto permanece clasificado, habrían sido diseñados originalmente para garantizar la continuidad del gobierno en caso de una catástrofe que dejara fuera de combate a las autoridades civiles.
El reportaje ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos, especialmente en un contexto de creciente polarización política. Hersh no especifica qué medidas migratorias concretas se tomaron bajo la cobertura de los PEAD, pero fuentes del gobierno citadas en el artículo indican que el Departamento de Seguridad Nacional fue instruido para ejecutar acciones que normalmente requerirían aprobación legislativa.
La Casa Blanca no ha hecho comentarios hasta el momento sobre las afirmaciones de Hersh. Sin embargo, expertos legales consultados señalan que, de confirmarse el uso indebido de los PEAD, podría abrir la puerta a impugnaciones judiciales y a un mayor escrutinio del Congreso sobre los mecanismos de emergencia presidencial.
