El 9 de julio de 2026, el Gobierno francés y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han presentado una propuesta para obligar a las plataformas de redes sociales a verificar la identidad de sus usuarios, con el objetivo declarado de proteger a los menores de los algoritmos. El mecanismo, según fuentes oficiales, implicaría un control de identidad permanente en todo el entorno digital, en lo que supone un paso significativo en la regulación del espacio online.
Verificación de identidad como herramienta de protección infantil
La iniciativa, impulsada conjuntamente por Francia y la OMS, busca que las redes sociales implementen sistemas de verificación de identidad obligatorios. Aunque la OMS es un organismo sanitario, su participación refleja la preocupación por el impacto de los contenidos digitales en la salud mental de los menores. La propuesta se enmarca en los esfuerzos de la Unión Europea por reforzar la seguridad de los menores en internet, aunque también ha suscitado críticas de grupos de derechos digitales que advierten sobre los riesgos para la privacidad y la libertad de expresión.
Apple pierde la batalla legal por la App Store
En otro frente regulatorio, Apple ha perdido este jueves la apelación ante el Tribunal General de la Unión Europea que cuestionaba su designación como gatekeeper en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA). El gigante tecnológico argumentaba que la App Store no es una única tienda de aplicaciones, sino cinco tiendas distintas, y que por tanto no debería estar sujeta a las obligaciones de la DMA. Sin embargo, el tribunal no aceptó esa división, confirmando la condición de gatekeeper de Apple.
La DMA impone a las grandes plataformas, consideradas guardianes de acceso, una serie de obligaciones para garantizar la competencia y proteger a los usuarios, como permitir la instalación de aplicaciones de terceros o no favorecer sus propios servicios. La decisión del tribunal supone un revés para Apple, que deberá cumplir con estas exigencias en el mercado europeo. Ambas noticias reflejan la creciente presión regulatoria en la UE sobre las grandes tecnológicas, tanto en materia de privacidad como de competencia.
