El Gobierno francés ha anunciado este 7 de julio de 2026 la supresión de la ayuda personalizada al alojamiento (APL) para la mayoría de los estudiantes extraeuropeos. La medida, que forma parte de una política de ajuste presupuestario y control migratorio, afectará de forma especialmente dura a los estudiantes procedentes de África, en particular del Magreb y del África subsahariana, según ha informado el Gobierno.

La APL, que cubre parte del alquiler de los inquilinos con recursos limitados, se retirará para los nacionales de fuera de la Unión Europea que estudien en Francia. Las autoridades francesas no han precisado el número de estudiantes afectados ni el ahorro presupuestario previsto, pero la decisión ha generado una fuerte reacción entre las asociaciones de estudiantes y los colectivos africanos en el país.

La medida se enmarca en un endurecimiento de las condiciones de acogida para los estudiantes extranjeros, que ya habían visto incrementadas las tasas de matriculación en los últimos años. Francia es el tercer destino mundial para estudiantes internacionales, con una importante comunidad procedente de Marruecos, Argelia, Túnez y países del África subsahariana. La supresión de la APL podría obligar a muchos de ellos a abandonar sus estudios o a buscar alojamiento en condiciones más precarias.

El colectivo de estudiantes africanos en Francia ha denunciado la medida como discriminatoria y ha anunciado movilizaciones para las próximas semanas. Varias organizaciones de la sociedad civil han recordado que la APL era una ayuda clave para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda, especialmente en ciudades con un mercado inmobiliario tensionado como París, Lyon o Marsella.

La decisión también podría tener repercusiones diplomáticas con los países de origen de los estudiantes, en particular con las naciones del Magreb, que mantienen estrechos vínculos con Francia. Marruecos y Argelia son dos de los principales emisores de estudiantes hacia Francia, y la medida podría enfriar las relaciones bilaterales en un contexto ya complejo por las políticas migratorias francesas.

El Gobierno francés ha defendido la supresión argumentando la necesidad de controlar el gasto público y de priorizar las ayudas a los estudiantes nacionales y comunitarios. Sin embargo, la oposición de izquierdas y los sindicatos estudiantiles han calificado la medida de «xenófoba» y han exigido su revocación inmediata.