El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un problema sin solución aparente en la gestión de su arsenal nuclear: el plutonio procedente de armas desmanteladas no tiene un destino de eliminación claro. Un acuerdo de 600 millones de dólares con cinco empresas contratistas, firmado para cumplir con el plazo de 2037, se ha topado con la realidad de que ninguna de ellas posee la capacidad industrial necesaria para procesar el material, según han revelado fuentes del sector.

La situación, calificada por la experta en seguridad nuclear Anna S. Erickson como «The Plutonium Has Nowhere to Go», evidencia un problema técnico y regulatorio de enormes proporciones. El plutonio para armas, un material altamente radiactivo y peligroso, requiere instalaciones especializadas para su eliminación o transformación en combustible para reactores civiles, una opción que tampoco está operativa a gran escala.

Un plazo lejano pero ya incumplible

El plazo de 2037, fijado por acuerdos internacionales de desarme, parecía lejano cuando se estableció, pero los retrasos acumulados en la construcción de la infraestructura necesaria hacen que el calendario sea ya inalcanzable. Las cinco empresas adjudicatarias del contrato gubernamental, cuyos nombres no han trascendido, carecen de las instalaciones y la tecnología para procesar las toneladas de plutonio almacenadas en lugares como el Laboratorio Nacional de Los Álamos o la Instalación de Savannah River.

Según ha explicado un portavoz del Departamento de Energía en una comparecencia reciente, el gobierno federal está evaluando «alternativas técnicas y regulatorias» para sortear el bloqueo, aunque sin ofrecer detalles concretos. La falta de avances ha generado críticas tanto de organizaciones ecologistas como de sectores de la industria nuclear, que ven en este atasco un riesgo para la credibilidad del desarme estadounidense.

Un problema global con impacto en España

Aunque el problema es estadounidense, la crisis del plutonio tiene implicaciones globales. La gestión de residuos nucleares es un desafío que comparten todos los países con centrales atómicas, incluida España, donde la clausura del almacén centralizado de residuos (ATC) sigue paralizada. La incapacidad de Estados Unidos para resolver su propio problema de residuos militares envía una señal negativa a la industria nuclear internacional, que necesita demostrar que puede gestionar el ciclo completo del combustible.

El acuerdo de 600 millones de dólares, además, ilustra la magnitud económica del reto: sin una hoja de ruta industrial, el dinero público corre el riesgo de perderse en proyectos inviables. La fecha de 2037 se acerca, y el plutonio, por ahora, no tiene dónde ir.