El Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de Industria, ha puesto en marcha el mayor plan de modernización militar en décadas, articulado a través de los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM). La iniciativa, que movilizará decenas de miles de millones de euros en los próximos años, busca actualizar las capacidades de las Fuerzas Armadas y reforzar la base industrial nacional ante los compromisos adquiridos con la OTAN y la UE.
Los proyectos de reales decretos sometidos a participación pública por Industria detallan cómo se pretende ordenar ese esfuerzo inversor. Según los documentos, las ayudas estatales se condicionarán a objetivos de autonomía estratégica, desarrollo de capacidades industriales críticas y coordinación con la política europea de defensa.
Un plan que moviliza a toda la industria nacional
El plan afecta a los principales actores del sector, como Indra, Navantia, Airbus y GDELS-SBS, que participarán en programas clave: desde el desarrollo del futuro caza europeo (FCAS) hasta la modernización de fragatas y vehículos blindados. El Ministerio de Defensa ha subrayado que los PEM buscan blindar la cadena de suministro y garantizar retornos tecnológicos y de empleo para la industria española.
Esta iniciativa se enmarca en la creciente presión de la OTAN para que los aliados aumenten su gasto en defensa y en la estrategia de la UE para fomentar la cooperación industrial en el sector. España, que lleva años por debajo del 2% del PIB en gasto militar, acelera ahora con un plan plurianual que pretende corregir el déficit de inversión acumulado.
El marco normativo como palanca
El Ministerio de Industria ha diseñado un andamiaje legal que priorizará los proyectos con mayor impacto en la autonomía estratégica europea. Los reales decretos establecen que las empresas beneficiarias deberán comprometerse a mantener y crear empleo cualificado en España, así como a transferir tecnología a las pymes del sector. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a este diario que los primeros contratos se firmarán antes de finales de 2026, con una ejecución escalonada hasta 2035.
Con este plan, España se alinea con otros países europeos que ya han lanzado programas similares, como Francia o Alemania, en un contexto de guerra en Ucrania y creciente incertidumbre geopolítica. La apuesta por la industria nacional busca reducir la dependencia exterior en componentes críticos y posicionar a España como un actor relevante en la defensa europea.
