La escalada del conflicto en Irán ha disparado la preocupación en la Unión Europea por la seguridad energética, al constatar que los países comunitarios disponen de reservas de combustible para solo tres meses si no se restablece el suministro habitual, según fuentes del sector energético consultadas por la agencia de noticias. A los miembros de la OCDE, en promedio, les quedaría medio año de aprovisionamiento.
España, por su elevada dependencia energética del exterior, se sitúa entre los Estados miembros más vulnerables. La interrupción del flujo de petróleo y gas provocada por la guerra en Irán amenaza con agravar una situación que ya era delicada antes del conflicto, con unos almacenes que la UE no ha logrado llenar al ritmo necesario.
Un corte que expone la dependencia europea
El suministro energético que llegaba a Europa desde Oriente Próximo ha quedado gravemente interrumpido desde el inicio de las hostilidades en Irán. La UE ha activado los mecanismos de emergencia previstos, pero las reservas estratégicas, calculadas para cubrir la demanda durante unos tres meses, podrían agotarse antes si el conflicto se prolonga.
La OCDE, que agrupa a las economías más desarrolladas, estima que sus miembros cuentan con existencias para medio año, un margen que también se reduce si los canales de importación no se diversifican a tiempo. Bruselas ha instado a los Estados a acelerar la compra de gas natural licuado y a reactivar plantas de carbón como medida de contingencia, aunque el ritmo de aprovisionamiento sigue siendo insuficiente.
Como no comience a fluir rápidamente el suministro energético habitual, previo a la guerra en Irán, a los países de la Unión Europea solo les quedarían reservas de combustible para tres meses.
Para España, la situación es especialmente crítica. El país depende de las importaciones para más del 70 % de su consumo energético, y aunque ha aumentado su capacidad de almacenamiento de gas, los niveles actuales no garantizan un invierno sin sobresaltos. El Gobierno español ha mantenido contactos con sus socios europeos para coordinar una respuesta común y ha solicitado a la Comisión Europea que active el mecanismo de solidaridad energética, que permite compartir reservas entre Estados miembros en caso de emergencia.




