Un escándalo de corrupción vinculado a la empresa estadounidense PROGEN ha saltado a la primera plana en Ecuador, en plena crisis energética —la más severa de las últimas décadas—, según fuentes oficiales ecuatorianas. La presunta trama, calificada como de ‘chatarra eléctrica’, implica la importación de equipos eléctricos de baja calidad o inservibles que habrían agravado los apagones y las deficiencias del sistema.

Una crisis estructural agravada por la corrupción

Ecuador arrastra una crisis energética que se ha ido agravando durante años, con déficits de generación y una red de transmisión obsoleta. La llegada de equipos supuestamente defectuosos, gestionados por la empresa PROGEN, ha profundizado el colapso. Las autoridades ecuatorianas investigan si la compañía estadounidense entregó materiales que no cumplían las especificaciones técnicas, en un presunto fraude millonario que habría contado con complicidades internas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha prometido una investigación a fondo. «No permitiremos que la corrupción siga saboteando nuestra infraestructura», declaró en una comparecencia pública recogida por medios locales. La fiscalía ecuatoriana ha abierto diligencias para determinar responsabilidades.

La crisis energética es la más severa de las últimas décadas, con apagones programados que afectan a hogares e industrias, y que ha llevado al Gobierno a decretar medidas de emergencia.

Empresa estadounidense en el punto de mira

PROGEN, firma con sede en Florida, habría sido adjudicataria de contratos de suministro eléctrico en Ecuador mediante licitaciones que ahora se investigan. Según las pesquisas, la empresa habría facturado por equipos nuevos cuando en realidad suministraba material reacondicionado o directamente inservible. El caso ha reavivado el debate sobre la dependencia de tecnología extranjera en sectores estratégicos y la necesidad de fortalecer la supervisión estatal.

Analistas consultados por medios ecuatorianos señalan que el escándalo llega en el peor momento: Ecuador necesita inversiones urgentes por unos 2.000 millones de dólares (unos 1.840 millones de euros) para modernizar su red, una cifra que el presupuesto actual no puede cubrir. La sombra de la corrupción, advierten, podría retrasar aún más las soluciones.