El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría exigir una orden judicial para consultar las bases de datos de las cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés), según expertos legales y de vigilancia. La medida, que sigue a un fallo reciente sobre localización, transformaría radicalmente el uso de estas redes de cámaras y tendría profundas implicaciones para la privacidad masiva.
La decisión del alto tribunal, aún no formalizada pero que varios analistas consideran inminente, obligaría a las fuerzas de seguridad a obtener una orden judicial basada en causa probable antes de acceder a los registros históricos de las cámaras ALPR. Actualmente, muchos departamentos de policía consultan estas bases de datos sin supervisión judicial, lo que ha generado críticas por parte de defensores de los derechos civiles.
Las cámaras ALPR, instaladas en postes, semáforos y vehículos policiales, capturan y almacenan las matrículas de todos los vehículos que pasan, junto con la ubicación, fecha y hora. Según los especialistas, si se requiere una orden, la capacidad de rastrear los movimientos de una persona de forma retrospectiva quedaría severamente limitada, alterando las prácticas de vigilancia policial en todo el país.
El fallo se enmarca en una tendencia del Supremo a reforzar la protección de la privacidad en la era digital. Expertos consultados por la prensa estadounidense señalan que la medida afectaría no solo a la consulta de datos históricos, sino también a la integración de los sistemas ALPR con otras bases de datos gubernamentales, lo que podría reducir el riesgo de vigilancia masiva indiscriminada.
La decisión final del Tribunal Supremo se espera en las próximas semanas, y su impacto se dejará sentir en todo el sistema judicial y policial estadounidense, con posibles ramificaciones para la legislación sobre privacidad en otros países.
