El próximo presidente del regulador de medios del Reino Unido, Ofcom, ha anunciado su intención de tratar las VPN (redes privadas virtuales) como un obstáculo regulatorio, según declaraciones recogidas este 21 de mayo de 2026. La autoridad entrante también planea solicitar al Tesoro británico un aumento de su presupuesto y demandar nuevos poderes sobre YouTube para controlar mejor los contenidos en línea.

La postura contra las VPN ha generado preocupación entre defensores de la privacidad y la libertad de expresión, ya que estas herramientas son utilizadas por los ciudadanos para eludir bloqueos geográficos y proteger su anonimato en Internet. Ofcom, que regula las comunicaciones en el Reino Unido, considera que las VPN dificultan la aplicación de las leyes de seguridad en línea y la supervisión de contenidos ilícitos.

Nuevos poderes sobre YouTube

En su lista de prioridades, el presidente entrante de Ofcom ha incluido la ampliación de su autoridad sobre plataformas como YouTube, actualmente gestionada bajo el marco de la Ley de Seguridad en Línea. La intención es poder exigir a la plataforma de Google la retirada de contenido clasificado como dañino sin necesidad de pasar por procesos judiciales previos. La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos digitales, que la consideran un riesgo para la libertad de expresión.

Tratar las VPN como obstáculos es un error que socava la privacidad de los ciudadanos y su capacidad para acceder a información sin vigilancia, según han señalado varios expertos en ciberseguridad consultados por la prensa británica.

Ofcom también ha solicitado al Tesoro un incremento de su partida presupuestaria para hacer frente a las nuevas responsabilidades. El regulador argumenta que la vigilancia de plataformas globales y la lucha contra las herramientas de anonimato requieren mayores recursos técnicos y humanos. La petición se enmarca en la estrategia del Gobierno británico de endurecer el control sobre Internet tras la aprobación de la Ley de Seguridad en Línea en 2023.

La ofensiva contra las VPN se produce en un contexto de creciente debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de herramientas para combatir delitos como la explotación infantil o el terrorismo, los críticos alertan de que medidas como las propuestas por Ofcom pueden conducir a una vigilancia masiva y al bloqueo de contenidos legítimos. La Unión Europea, por su parte, mantiene un enfoque más flexible hacia las VPN, considerándolas herramientas legítimas para la protección de datos.