El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia (DC Circuit) estudia las opciones procesales ante la solicitud del juez James Boasberg de iniciar un procedimiento por desacato contra Todd Blanche y Emil Bove, dos exaltos cargos de la administración Trump. La querella, presentada el 15 de junio de 2026, gira en torno al presunto incumplimiento de una orden judicial en un caso que afecta a la inteligencia y los límites del poder ejecutivo.

El juez Boasberg, presidente del tribunal de distrito de Washington D.C., ha solicitado al circuito que evalúe si Blanche y Bove, que ocuparon puestos de responsabilidad en el Departamento de Justicia durante el mandato de Donald Trump, incurrieron en desacato al ignorar una orden de entregar documentos clasificados. La petición se eleva ahora al pleno del DC Circuit, que deberá decidir si admite a trámite el procedimiento o lo archiva.

El contexto del desacato

Blanche y Bove han negado haber actuado de forma deliberada contra la autoridad judicial, alegando que las órdenes eran ambiguas y que actuaron dentro de los márgenes de la discrecionalidad ejecutiva. Sin embargo, el juez Boasberg sostiene que existen pruebas suficientes de que ambos funcionarios conocían la orden y no la cumplieron, lo que podría constituir un grave desafío al Estado de derecho.

El caso ha adquirido relevancia política porque Blanche y Bove son figuras clave en la defensa legal de Trump y en la gestión de la información clasificada durante su presidencia. Un fallo adverso podría sentar un precedente sobre los límites de la invocación del privilegio ejecutivo frente a requerimientos judiciales.

Opción del pleno

El DC Circuit, que actúa como tribunal de apelaciones para los distritos federales de la capital, puede optar por varias vías: rechazar la petición, remitirla a un panel de tres jueces para su estudio, o aceptarla directamente y fijar un calendario de alegatos. La decisión final podría tardar meses, mientras el juez Boasberg mantiene abierta la causa principal sobre la que se sustenta la querella.

La resolución del pleno será observada de cerca por los círculos legales y políticos, ya que podría determinar si altos cargos del Ejecutivo pueden ser sancionados por desacato en casos relacionados con la seguridad nacional y la separación de poderes.