El Pentágono ha instado a los países de Latinoamérica a aumentar su gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los aliados regionales frente al avance del crimen organizado. El llamamiento se produjo durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), celebrada entre el 7 y el 10 de julio de 2026 en Cusco (Perú), según informó el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La petición estadounidense se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para que sus socios incrementen las partidas militares, en línea con el mensaje que la OTAN ha trasladado a Europa en los últimos años. Una delegación de alto nivel del Pentágono encabezó la presión durante la cumbre, argumentando que el narcotráfico y el crimen transnacional suponen una amenaza directa para la seguridad hemisférica, incluido el territorio de Estados Unidos.
Un objetivo ambicioso para la región
El objetivo del 3,5% del PIB duplica ampliamente el gasto medio actual de la mayoría de los países latinoamericanos, que se sitúa en torno al 1% o 2% según datos del Banco Mundial. El comisario de Defensa de la Unión Europea, en un contexto similar, ya ha instado a los Estados miembros a superar el 2% del PIB. Ahora, el Pentágono pretende que América Latina siga una senda parecida, con el foco puesto en el crimen organizado como principal vector de desestabilización.
El encuentro en Cusco, que reunió a ministros y altos cargos de defensa de todo el continente, sirvió para que Estados Unidos presentara su visión de una arquitectura de seguridad regional más robusta, con mayores capacidades de inteligencia, vigilancia y respuesta conjunta. Fuentes del Pentágono señalaron que el crimen organizado trasnacional ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza híbrida que requiere una respuesta militar coordinada, no solo policial.
Reacciones divididas
La propuesta ha generado reacciones divididas entre los asistentes. Algunos ministros, especialmente los de países más expuestos al narcotráfico como México, Colombia o Perú, mostraron su disposición a estudiar el incremento, aunque advirtieron de las limitaciones presupuestarias. Otros, como los representantes de Argentina y Brasil, se mostraron más cautelosos y subrayaron la necesidad de priorizar el gasto social. La declaración final de la conferencia, en todo caso, recogió el compromiso de los países de evaluar sus capacidades de defensa y buscar mecanismos de financiación sostenibles.
