El comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), general Michael Kurilla, admitió este jueves ante el Senado que su unidad no ha investigado las denuncias de víctimas civiles causadas por ataques estadounidenses en Irán. La declaración se produjo durante una audiencia del Comité de Servicios Armados, en la que el general calificó la protección de civiles como su «pasión» antes de responder con un «no hemos» cuando un senador le preguntó si había investigado esos casos.
Una contradicción en la política declarada
El general Kurilla aseguró ante los legisladores que las víctimas civiles son una prioridad para el CENTCOM. Sin embargo, al ser interrogado directamente sobre si se habían abierto pesquisas respecto a los numerosos informes que señalan a bombardeos estadounidenses como causa de muertes y mutilaciones de civiles en territorio iraní, la respuesta fue negativa y escueta, según el testimonio recogido en la audiencia.
¿Ha investigado esas denuncias [de civiles muertos por EE.UU. en Irán]? —preguntó el senador. La respuesta del general Kurilla fue: «No hemos».
La confesión plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas del Pentágono en lo que respecta a las operaciones militares en Oriente Próximo. La falta de investigación contrasta con la retórica oficial de Washington, que insiste en que la protección de la población civil es un principio fundamental de sus campañas militares. Ningún dato numérico sobre el número de víctimas no investigadas fue proporcionado durante la sesión.
Implicaciones legales y políticas
La ausencia de investigación podría contravenir las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional humanitario, que exige la rendición de cuentas por las muertes de civiles en conflictos armados. Organizaciones de derechos humanos han documentado durante años incidentes en los que bombardeos estadounidenses habrían causado víctimas civiles en Irán, sin que hasta la fecha se conozcan medidas disciplinarias o compensaciones.
El testimonio del general Kurilla expone una brecha entre las declaraciones públicas del alto mando militar y las prácticas reales de supervisión. La Casa Blanca y el Pentágono no han emitido comentarios adicionales tras la audiencia, que tuvo lugar en Washington D.C. el jueves 15 de mayo.
