Analistas asiáticos sostienen que el prolongado conflicto civil en Myanmar no puede entenderse sin atender a la economía política de los recursos naturales. Según esta lectura, yacimientos de jade, estaño, gas natural y madera se han convertido en el combustible que mantiene activa la guerra, beneficiando tanto al ejército (Tatmadaw) como a los múltiples grupos armados étnicos que compiten por su control.
Una guerra alimentada por el jade y el gas
Myanmar es el tercer productor mundial de estaño y, antes del golpe militar de 2021, el jade generaba unos 1.200 millones de dólares anuales. El gas natural, con el proyecto Shwe que abastece a China, y las concesiones madereras en las regiones fronterizas de Kachin, Shan, Kayin y la costa de Tanintharyi son otras fuentes clave de financiación. Los analistas citados señalan que el control de estos recursos desincentiva cualquier solución negociada, ya que la paz pondría fin a los lucrativos negocios de las élites armadas.
El conflicto de Myanmar se describe a menudo como un choque de ideologías, identidades étnicas y visiones contrapuestas del Estado. Eso es cierto, pero incompleto. En esencia, la crisis de Myanmar es también un conflicto impulsado por los recursos, intensificado por la geografía.
La tesis central subraya que la narrativa mediática occidental tiende a simplificar el conflicto como étnico o ideológico, ignorando deliberadamente la economía de guerra. Según este análisis, tanto el Tatmadaw como los grupos armados étnicos dependen de la explotación y el comercio ilícito de recursos para financiar sus operaciones.
Actores externos: China y Tailandia como compradores
Los analistas citados destacan que China y Tailandia son los principales compradores de estos recursos, lo que añade una dimensión geopolítica al conflicto. La demanda externa crea un incentivo permanente para que las partes beligerantes mantengan el control territorial sobre las zonas productoras. Desde esta perspectiva, la dinámica de la ‘maldición de los recursos’ es un factor estructural que ningún acuerdo político, por sí solo, podría resolver sin abordar la economía ilegal que lo sustenta.
Según estos análisis, el recrudecimiento del conflicto tras el golpe de 2021 no hizo sino intensificar la lucha por los recursos, convirtiendo a Myanmar en un escenario donde la guerra se ha vuelto económicamente rentable para todos los actores armados. La paz, paradójicamente, sería la mayor amenaza para sus intereses financieros.
