La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este miércoles la ley que elimina los obstáculos legales para la aplicación del estado de excepción, dando el penúltimo paso para que el gobierno de Luis Arce pueda activar esta figura constitucional. El texto fue remitido al Ejecutivo para su promulgación, según confirmaron fuentes parlamentarias.
Una herramienta ante la crisis de seguridad
La medida, impulsada por el oficialismo, busca dotar al Gobierno de mecanismos extraordinarios para hacer frente a una crisis de seguridad que, según el Ejecutivo, desborda la capacidad ordinaria de las fuerzas del orden. La oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible uso discrecional de la norma.
Bolivia no aplica un estado de excepción desde 2020, cuando se declaró por la pandemia de covid-19. En aquella ocasión, la medida estuvo vigente varios meses e incluyó restricciones a la movilidad y concentración de personas. Ahora, el contexto es diferente: el país enfrenta un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y la minería ilegal.
El Gobierno de Arce defiende que la ley elimina trabas burocráticas que impedían una respuesta rápida ante emergencias. Sin embargo, sectores críticos advierten de que podría utilizarse para reprimir protestas sociales. La Asamblea Legislativa aprobó el texto con los votos del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), y algunos aliados.
Con la sanción presidencial, el estado de excepción podría decretarse en cualquier momento, aunque aún requiere la aprobación del Consejo de Ministros y su publicación en la gaceta oficial. Organismos internacionales como la OEA han instado a Bolivia a garantizar que cualquier medida excepcional respete los derechos humanos y los principios democráticos.
