El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado el 5 de junio de 2026 una nueva batería de sanciones contra Cuba, que por primera vez incluyen al presidente Miguel Díaz–Canel y a su familia. La medida, adoptada por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, también afecta a familiares de Raúl Castro y a instituciones clave como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Washington justifica la acción con el argumento de que busca que la isla «alimente a su pueblo», en una declaración que ha sido recibida con escepticismo por parte de analistas y gobiernos de la región. Las sanciones se enmarcan en el endurecimiento del embargo económico contra Cuba, que lleva más de seis décadas en vigor.

Un giro en la presión sobre La Habana

Hasta ahora, las sanciones estadounidenses contra Cuba no habían alcanzado directamente a la máxima autoridad del país. Incluir a Díaz-Canel en la lista de personas bloqueadas supone un salto cualitativo en la política de presión, según fuentes del Departamento de Estado citadas por la prensa internacional. La medida también congela cualquier activo que el mandatario o sus allegados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense.

Además de las personas, la nueva ronda afecta a entidades estratégicas como el MINFAR, lo que podría dificultar aún más la llegada de ayuda humanitaria y la gestión de la crisis económica que atraviesa la isla. Organizaciones internacionales han criticado reiteradamente el impacto de las sanciones sobre la población civil cubana.

Reacciones y contexto

El Gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial hasta el momento, pero fuentes próximas al Ejecutivo han calificado la medida de «hostil e inhumana». La comunidad internacional, incluidos varios gobiernos latinoamericanos, ha mostrado su preocupación por la escalada de sanciones en un momento en que Cuba enfrenta una severa escasez de alimentos, medicinas y combustible.

Estas sanciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana, y coinciden con un debate en Naciones Unidas sobre el levantamiento del embargo, que la mayoría de los países miembros rechaza de forma sistemática cada año.