La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 22 de julio de 2026, como parte del proyecto de ley de defensa para el año fiscal 2027, la extensión por diez años de las protecciones legales previstas en la ley CISA 2015, que permite a las empresas compartir información sobre amenazas cibernéticas con el gobierno federal sin temor a responsabilidades legales.
Una renovación clave para la ciberseguridad
La Ley de Intercambio de Información de Ciberseguridad de 2015 (CISA 2015) es el marco legal que facilita la colaboración entre el sector privado y las agencias federales en la detección y prevención de ciberataques. La renovación, que extiende su vigencia hasta 2036, elimina barreras de responsabilidad civil y antimonopolio para las empresas que compartan voluntariamente indicios de amenazas con el Departamento de Seguridad Nacional y otras entidades gubernamentales.
La aprobación se produjo en el marco de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027, un proyecto de ley que define el presupuesto y las políticas del Pentágono. La inclusión de la renovación de CISA 2015 en esta legislación subraya la consideración de la ciberseguridad como un componente crítico de la defensa nacional.
Impacto en el sector privado
Según fuentes oficiales, la ley ha sido fundamental para que las empresas compartan información sobre incidentes cibernéticos sin exponerse a demandas por violación de la privacidad o acuerdos de confidencialidad. La extensión por una década proporciona certidumbre a las compañías, que pueden planificar inversiones en ciberseguridad a largo plazo.
Aunque la normativa es estadounidense, su renovación tiene alcance global: las empresas españolas y europeas con filiales en EE.UU. están sujetas a este marco legal, y los estándares de intercambio de inteligencia de amenazas adoptados en Washington suelen influir en las políticas de otros países.
