Una cláusula oculta en un proyecto de ley de autorización de inteligencia de 192 páginas ordena al Gobierno estadounidense compartir inteligencia sensible con Israel de forma amplia y sin restricciones, según el texto filtrado este miércoles. La disposición, incluida en la Sección 622, titulada “United States-Israel Intelligence Sharing Enhancement”, ha encendido las alarmas entre expertos en seguridad nacional por las implicaciones para la autonomía de Inteligencia de Estados Unidos.
El proyecto, impulsado por el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton (republicano por Arkansas), exige al presidente, a través del director de Inteligencia Nacional y, si es necesario, del secretario de Defensa, que “expanda y mejore el intercambio de inteligencia con el Gobierno de Israel” en una lista de temas que abarca prácticamente todos los asuntos de interés en Oriente Próximo.
Restricciones a la discrecionalidad presidencial
La sección prohíbe cualquier suspensión, reducción o limitación de ese intercambio “salvo que exista una preocupación de seguridad nacional específica e identificable, determinada por el presidente”. En ese caso, el mandatario deberá remitir un informe al Congreso en un plazo máximo de 15 días. Esta disposición limita la capacidad del poder ejecutivo para restringir flujos de información sensible sin supervisión legislativa.
La medida supondría un giro significativo en la política de inteligencia estadounidense, que tradicionalmente ha mantenido un control estricto sobre la difusión de material clasificado, incluso con sus aliados más cercanos.
Implicaciones geopolíticas
La iniciativa llega en un momento de tensión creciente en Oriente Próximo, donde Israel mantiene operaciones militares en Gaza y enfrentamientos con Irán y sus proxies. Los defensores del proyecto argumentan que estrechar la colaboración con Israel refuerza la alianza estratégica y mejora la eficacia contra amenazas comunes. Los críticos advierten, sin embargo, que ceder el control sobre inteligencia sensible podría comprometer fuentes y métodos, así como arrastrar a Estados Unidos a conflictos en los que no desea participar directamente.
El proyecto de ley debe aún ser aprobado por el pleno del Senado y la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente. La Casa Blanca no ha emitido todavía una posición oficial sobre la cláusula.
