El Gobierno de Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo de deportación con la República Centroafricana que, según críticos y organizaciones de derechos humanos, pone en grave peligro la vida de los inmigrantes devueltos a ese país. El pacto, cuya existencia ha trascendido este 10 de junio de 2026, ha sido denunciado por su falta de transparencia y por las condiciones de inseguridad que enfrentan los deportados en una nación sumida en un conflicto armado y con un historial de violencia sistemática.

Un acuerdo opaco y peligroso

El acuerdo de deportación entre Washington y Bangui permite a las autoridades estadounidenses expulsar a ciudadanos centroafricanos que se encuentren en situación irregular, así como a nacionales de terceros países que hayan pasado por la República Centroafricana. Sin embargo, no se han hecho públicos los términos exactos del convenio, lo que ha generado una oleada de críticas. La falta de transparencia impide evaluar las salvaguardas que, en teoría, protegerían a los deportados de persecución o daños.

La República Centroafricana es uno de los países más violentos e inestables del mundo. Grupos armados controlan gran parte del territorio, y la población civil sufre desplazamientos forzosos, hambrunas y violaciones masivas de derechos humanos. Deportar a alguien a ese país, según organizaciones como Amnistía Internacional, equivale a enviarlo a un entorno donde su vida corre peligro inminente.

Críticas y demandas de transparencia

Expertos legales y defensores de los derechos de los inmigrantes han instado al Congreso estadounidense a exigir al Ejecutivo la publicación íntegra del acuerdo.

El Congreso debe exigir transparencia y obligar al Gobierno de EE.UU. a divulgar públicamente los acuerdos de deportación con terceros países, incluido el de la República Centroafricana.

La declaración, recogida por medios estadounidenses, refleja la preocupación por la opacidad de una administración que, según sus críticos, ha intensificado las deportaciones sin garantías mínimas.

El acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para externalizar el control migratorio, firmando pactos con naciones que a menudo carecen de infraestructura para proteger a los deportados. El convenio con la República Centroafricana es el último ejemplo de esta política, que ha sido rechazada por organismos internacionales como la ONU, que advierte de que tales acuerdos pueden violar el principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular del derecho internacional de refugiados.