El Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos ha impulsado una medida para eliminar la autoridad del presidente para aprobar la construcción de buques de guerra en astilleros extranjeros. La iniciativa, presentada este miércoles en Washington D.C., busca proteger la base industrial naval estadounidense y reducir la dependencia de instalaciones en el exterior, en un contexto de creciente tensión geopolítica y competencia estratégica con China.
La propuesta legislativa, enmarcada en el proyecto de ley de defensa anual, pretende suprimir la capacidad de exención que la ley actual concede al jefe del Ejecutivo para permitir que la Armada encargue embarcaciones fuera del país. De aprobarse, cualquier construcción naval militar debería realizarse exclusivamente en astilleros de EE.UU., lo que supondría un giro significativo en la estrategia de despliegue y modernización de la flota.
La medida ha sido defendida por sectores del Congreso que alertan sobre la pérdida de capacidades industriales críticas si se recurre de forma habitual a astilleros extranjeros, especialmente en aliados como Japón, Corea del Sur o países europeos. Según fuentes del comité, la Armada ha explorado en los últimos años acuerdos con astilleros surcoreanos y japoneses para acelerar la construcción de buques logísticos y de apoyo, ante los retrasos y sobrecostes de la industria nacional.
El Departamento de Defensa se ha mostrado cauteloso ante la iniciativa. Funcionarios del Pentágono han señalado que, si bien comparten el objetivo de fortalecer la base industrial nacional, la eliminación total de la autoridad presidencial podría limitar la capacidad de respuesta en momentos de emergencia o sobrecarga de los astilleros estadounidenses. No obstante, el Comité de Servicios Armados considera que la seguridad nacional pasa por mantener el control sobre la producción naval estratégica.
La batalla legislativa se enmarca en un debate más amplio sobre la preparación de la Armada estadounidense para un posible conflicto en el Indo-Pacífico, donde la capacidad de reparación y construcción rápida de buques es clave. La medida cuenta con el respaldo de sindicatos y asociaciones de la industria naval, que ven en ella una oportunidad para recuperar puestos de trabajo y evitar la fuga de conocimiento técnico.
