La noche del 25 al 26 de mayo de 2026, fuerzas de Estados Unidos e Israel llevaron a cabo un ataque conjunto contra instalaciones navales iraníes en la región de Bandar Abbas, próxima al estrecho de Ormuz. Tanto medios iraníes como el Comando Central de EE. UU. confirmaron los bombardeos, que habrían alcanzado embarcaciones y causado varias víctimas mortales, según fuentes no oficiales.
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global. La operación, según el Comando Central estadounidense, tenía como objetivo «proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes», en el marco de la escalada del conflicto entre Israel e Irán.
Golpe a la capacidad naval iraní
La base atacada en Bandar Abbas alberga buques de guerra y lanchas rápidas de la Armada iraní, así como baterías de misiles antibuque. Los bombardeos buscaban neutralizar la capacidad de Teherán para interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho, una amenaza que Irán ha esgrimido en repetidas ocasiones durante las crisis con Occidente. Medios locales iraníes informaron de «explosiones intensas» en la zona portuaria, sin ofrecer cifras oficiales de daños o bajas hasta el momento.
Implicaciones para el suministro energético
El estrecho de Ormuz es un punto crítico para la seguridad energética mundial. Cualquier interrupción en el tránsito de petroleros dispararía los precios del crudo y afectaría directamente a economías dependientes de las importaciones, como la española. España importa aproximadamente el 40% de su petróleo de países del Golfo que utilizan esa ruta. El ataque conjunto eleva la tensión en una región ya volcánica, donde Israel y EE. UU. buscan contener la influencia iraní sin desencadenar un conflicto regional abierto.
La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. La ONU y la Unión Europea han instado a la moderación, mientras que Rusia y China han condenado la acción como una «violación de la soberanía iraní». La situación sigue siendo evaluada por los mercados energéticos y los gobiernos europeos, que temen un posible bloqueo del estrecho como represalia.




