El Gobierno de Brasil, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, intenta dar marcha atrás a la decisión de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas a los dos principales grupos criminales del país: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). La medida, adoptada por la administración de Joe Biden el pasado 9 de junio, ha provocado un choque diplomático entre Brasilia y Washington.

Presión sobre las favelas y diversificación criminal

Según informó la corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Saccone, las pandillas operan con una fuerte presencia en las favelas, donde ejercen control territorial y coaccionan a la población. Uno de los objetivos estratégicos de estas bandas es la diversificación de sus actividades ilegales, que van del narcotráfico a la minería ilegal y la extorsión.

La designación estadounidense permite a Washington congelar activos, restringir visas y perseguir financieramente a los grupos, pero también complica la cooperación bilateral, ya que Brasil considera que la etiqueta de terrorista puede interferir con su propia política de seguridad y soberanía judicial.

Reacción de Brasilia

El Gobierno brasileño ha iniciado gestiones diplomáticas para revertir la decisión, alegando que el PCC y el CV son organizaciones criminales, no terroristas, y que la clasificación estadounidense podría tener efectos colaterales en las relaciones comerciales y de seguridad entre ambos países. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmaron que se han elevado consultas a la Embajada de EE.UU. en Brasilia.

La medida llega en un momento en que la violencia en las favelas de Río de Janeiro ha repuntado, con operaciones policiales de alto impacto que han dejado decenas de muertos en las últimas semanas. La designación estadounidense añade una capa de presión internacional sobre las bandas, pero también ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que temen un endurecimiento de las políticas de seguridad sin control judicial.