El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este jueves, 21 de mayo de 2026, una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente del país. La imputación, que supone un giro en la política de Washington hacia La Habana, se produce en un contexto de máxima tensión bilateral, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump como medida de presión contra el régimen de la isla.

El expresidente, de 94 años y hermano de Fidel Castro, lideró el país entre 2008 y 2021. Según la acusación, los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando la Fuerza Aérea cubana derribó dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate en el espacio aéreo internacional, al norte de La Habana. Las víctimas eran miembros de dicha organización, dedicada a la búsqueda de balseros cubanos en el estrecho de Florida. El gobierno cubano siempre ha defendido que las aeronaves violaron su espacio aéreo.

Un contexto de crisis energética y presión diplomática

La imputación se enmarca en un momento especialmente delicado para Cuba. La administración de Donald Trump ha endurecido el embargo económico, en particular mediante el bloqueo de suministros petroleros que mantiene al país en una grave crisis energética y de combustibles. La tensión diplomática se ha intensificado en las últimas semanas, con expulsiones mutuas de diplomáticos y acusaciones cruzadas de injerencia.

El gobierno de Estados Unidos considera a Raúl Castro responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y busca que rinda cuentas ante la justicia, en un caso que reactiva viejas heridas en las relaciones bilaterales.

La acusación formal contra Castro podría tener consecuencias impredecibles en las relaciones con La Habana, que ya se encuentran en su punto más bajo desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015. Analistas consultados señalan que la decisión de Washington responde a una estrategia de presión máxima para forzar cambios en el régimen cubano, aunque advierten que el efecto podría ser el contrario, fortaleciendo el discurso de defensa de la soberanía en la isla. Por el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial, pero fuentes cercanas a La Habana califican la imputación de «acto de hostilidad jurídica y política».