El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado este martes un nuevo estado de excepción que estará vigente durante 60 días en 10 provincias y 3 cantones del país, según informó el Gobierno ecuatoriano. La medida responde a la «grave conmoción interna» provocada por la escalada de violencia criminal que azota al país andino.
El decreto, firmado el 16 de junio, amplía el estado de excepción que ya se había aplicado en meses anteriores, aunque las autoridades no han detallado las provincias y cantones específicos afectados. La decisión se enmarca en la estrategia de seguridad lanzada por Noboa a principios de 2024, que incluye la militarización de zonas conflictivas y la declaración de conflictos armados internos contra grupos del crimen organizado.
Una crisis de seguridad persistente
Ecuador atraviesa desde 2023 una de las peores crisis de seguridad de su historia, con un aumento vertiginoso de las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones vinculadas al narcotráfico y a bandas locales. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 en 2018 a más de 40 en 2024, según datos oficiales. El estado de excepción permite al Ejecutivo movilizar a las Fuerzas Armadas en labores de control del orden público y suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de reunión.
El nuevo decreto, según fuentes del Gobierno ecuatoriano, busca «restablecer la seguridad en las zonas más afectadas» y frenar la acción de grupos armados que han desafiado la autoridad del Estado. Noboa ha hecho de la lucha contra el crimen organizado el eje central de su mandato, que concluye en mayo de 2027.
La comunidad internacional, incluida España, ha expresado su preocupación por la situación en Ecuador, un país con importantes vínculos económicos y migratorios con el Reino de España. De hecho, unos 500.000 ecuatorianos residen en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y las remesas que envían representan una fuente significativa de divisas para Quito.
