Un grupo de legisladores demócratas celebró este lunes en el Capitolio una audiencia no oficial para criticar el acuerdo alcanzado por el Departamento de Justicia (DOJ) con Live Nation-Ticketmaster, al que calificaron de «trivial» y «patético». La sesión, que no contó con la autorización de la mayoría republicana, sirvió como anticipo de la estrategia que los demócratas podrían seguir si recuperan el control del Congreso en las elecciones de noviembre.
El acuerdo del DOJ, anunciado una semana después de que el presidente Donald Trump asumiera su segundo mandato, establece una serie de condiciones para la empresa de venta de entradas, pero los demócratas consideran que no aborda el poder de mercado de Ticketmaster ni resuelve los problemas de competencia en la industria del entretenimiento en directo.
Una regulación insuficiente
Los congresistas presentes en la audiencia, cuyos nombres no fueron especificados en las informaciones, argumentaron que el pacto es «una palmada en la muñeca» a una compañía que ha acumulado un dominio aplastante sobre la venta de entradas en Estados Unidos. La crítica se centró en que el acuerdo no incluye medidas estructurales como la separación de las divisiones de venta y promoción de Live Nation.
La audiencia no oficial refleja la creciente frustración de los demócratas con la política antimonopolio de la administración Trump, que consideran demasiado indulgente con las grandes corporaciones. «Este acuerdo es patético. No protege a los consumidores ni fomenta la competencia», afirmó uno de los legisladores durante la sesión, según fuentes presentes en el evento.
Si los demócratas logran recuperar la mayoría en alguna de las cámaras legislativas en noviembre, prometen impulsar investigaciones más exhaustivas y proponer leyes que obliguen a Ticketmaster a desinvertir en sus negocios de promoción de espectáculos, una medida que consideran necesaria para romper su monopolio.
Live Nation-Ticketmaster ha sido objeto de múltiples investigaciones gubernamentales en los últimos años, incluida una demanda antimonopolio presentada por el DOJ en 2024 que aún está pendiente de resolución. El acuerdo actual solo cubre aspectos limitados de las prácticas comerciales de la empresa, lo que ha generado críticas bipartidistas, aunque esta audiencia demuestra que la oposición es especialmente intensa entre los demócratas.
