El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha sido demandado este jueves 14 de mayo de 2026 por su política de vetos de visa dirigida a censores extranjeros. Los demandantes, cuyas identidades no han sido reveladas, alegan que han sido incluidos en listas de exclusión migratoria tras haber participado en la elaboración de listas negras para silenciar a disidentes y opositores en sus países de origen.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Washington D.C., cuestiona la legalidad de las restricciones impuestas por el Departamento de Estado bajo la administración del presidente Donald Trump. Según fuentes judiciales consultadas, los afectados son ciudadanos de países extranjeros que, según la acusación, colaboraron con sus gobiernos en tareas de censura digital y represión de la libertad de expresión.

Las personas que pasaron años construyendo listas negras para silenciar a otros ahora se sorprenden de encontrarse en una.

El caso pone sobre la mesa las contradicciones de una política que, al tiempo que busca castigar a censores extranjeros, podría vulnerar garantías procesales básicas. La defensa de Rubio aún no se ha pronunciado oficialmente. Se espera que el proceso judicial se alargue varios meses y genere debate sobre los límites de la soberanía migratoria frente a los derechos individuales. La demanda, que se enmarca en la política migratoria de la administración Trump, podría establecer un precedente sobre la capacidad del Gobierno estadounidense para restringir la entrada de personas vinculadas a la censura en el extranjero.

Los demandantes sostienen que la medida es arbitraria y carece de fundamento legal suficiente, al no haberse seguido el debido proceso. La Administración, por su parte, defiende la potestad del secretario de Estado para denegar visados por motivos de seguridad nacional. El caso ha atraído la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos, que siguen de cerca su evolución.