El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el 12 de junio un paquete inédito de reformas económicas destinado a atraer inversiones y expandir el sector privado, en un intento por hacer frente a la grave crisis económica que atraviesa la isla. El mandatario afirmó durante el anuncio que «el país no puede seguir igual».

Entre las medidas más destacadas, el Gobierno cubano autorizó a las empresas privadas a invertir en la economía local, una posibilidad que hasta ahora estaba limitada exclusivamente a los inversores extranjeros. También se amplió el catálogo de actividades permitidas para el sector privado, que es prácticamente inexistente en la isla comunista desde que el Estado controla la mayor parte de los medios de producción.

Un giro respecto a décadas de control estatal

La apertura al sector privado marca un cambio significativo en la política económica cubana, que desde la Revolución de 1959 ha mantenido un rígido control estatal sobre la economía. El régimen había autorizado tímidamente algunas actividades privadas en 2010, durante el acercamiento con Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama, pero la mayoría de los sectores estratégicos permanecían vedados.

Díaz-Canel no detalló los plazos de implementación ni las cifras concretas de la reforma, pero las medidas afectan especialmente a industrias como el turismo y la agricultura, dos pilares clave para la economía cubana. El anuncio también facilitará las remesas y la inversión de los cubanos residentes en el extranjero, una fuente de divisas cada vez más relevante para la isla.

Contexto de crisis y bloqueo

La economía cubana atraviesa su peor crisis en tres décadas, agravada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la pandemia de covid-19. La escasez de alimentos, medicinas y combustible es generalizada, y el Gobierno ha impulsado sucesivos ajustes sin lograr revertir la contracción. Con estas reformas, el Ejecutivo busca eludir el bloqueo y atraer capital que reactive la producción interna.

El anuncio se produce en un contexto en el que otros países de América Latina, como Argentina o Brasil, también están reconfigurando sus políticas económicas, aunque desde perspectivas ideológicas opuestas. En el caso cubano, la apertura parcial al mercado no implica, según fuentes oficiales, un abandono del modelo socialista, sino una adaptación pragmática a la crisis.