Una enmienda de carácter bipartidista incluida en un proyecto de ley federal de carreteras amenaza con desfinanciar a aquellos estados y ciudades de Estados Unidos que mantengan sus programas de rastreo automatizado de matrículas. La medida, impulsada por miembros de ambos partidos, busca poner fin a la vigilancia masiva de vehículos por parte de las fuerzas policiales, protegiendo la privacidad de los conductores.
Según el texto de la enmienda, cualquier administración local o estatal que no elimine sus sistemas de reconocimiento automatizado de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) perdería los fondos federales destinados a infraestructura vial. La propuesta, presentada el 20 de mayo de 2026, supondría un cambio drástico en la regulación de la vigilancia policial, ya que estos sistemas han sido cuestionados por organizaciones de derechos civiles por su capacidad de rastrear los movimientos de millones de ciudadanos sin orden judicial.
Una línea escondida en un proyecto de ley federal de carreteras retiraría fondos a ciudades y estados a menos que eliminen sus programas de rastreo automatizado de matrículas, prohibiendo efectivamente la tecnología para todo excepto el cobro de peajes.
La enmienda, aunque aún debe superar el trámite legislativo, cuenta con el respaldo de una coalición inusual que une a defensores de la privacidad con sectores libertarios y progresistas. De aprobarse, las únicas excepciones permitidas serían los sistemas de peaje electrónico y determinadas investigaciones con autorización judicial específica.
La medida ha sido recibida con división: mientras que asociaciones policiales advierten de que podría limitar herramientas útiles para resolver delitos, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) celebran lo que consideran un avance contra la vigilancia masiva. El Congreso estadounidense deberá votar el proyecto en las próximas semanas.
