El Tribunal del Distrito Central de Seúl considera probado que el expresidente ordenó las incursiones de 2024 para forzar una respuesta norcoreana y justificar la ley marcial. La pena se suma a la cadena perpetua que ya cumple por insurrección.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó este viernes al expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol a treinta años de prisión por ordenar el envío de drones a territorio de Corea del Norte en 2024. Según el fallo, recogido por la agencia surcoreana Yonhap, la operación perseguía provocar a Pionyang y emplear el aumento de la tensión fronteriza como pretexto para la declaración de ley marcial que Yoon decretó el 3 de diciembre de aquel año.

El tribunal halló al expresidente culpable de favorecimiento al enemigo y abuso de poder, los mismos cargos por los que fue condenado su exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que recibió idéntica pena. La sentencia coincide con lo solicitado por el fiscal especial Cho Eun-suk, que había pedido treinta años para Yoon por intentar, según su acusación, crear una situación bélica entre las dos Coreas como cobertura para concentrar el poder.

Las incursiones se produjeron en octubre de 2024, aproximadamente dos meses antes del decreto de ley marcial. En aquel momento, Corea del Norte acusó a Seúl de sobrevolar Pionyang con drones para esparcir propaganda; el entonces ministro de Defensa lo negó, y el Ministerio surcoreano declaró que no podía confirmar ni desmentir las acusaciones. Las tensiones se elevaron sin llegar a enfrentamiento armado.

Más allá del cálculo político interno, el tribunal subrayó el coste estratégico de la maniobra: la operación habría expuesto capacidades militares surcoreanas, facilitado la filtración de información clasificada al caer varios aparatos en manos del Norte, y consumido recursos que debían quedar disponibles ante una eventual contingencia. Los jueces señalaron que la acción supuso el uso de las capacidades militares del Estado para fines privados.

La defensa de Yoon, que ha anunciado recurso, sostiene que el expresidente no aprobó la operación y niega su vínculo con el plan de ley marcial; en fases previas calificó la tesis de la fiscalía de construcción especulativa.

La condena se acumula a la cadena perpetua dictada en febrero contra Yoon por insurrección —pena que también ha apelado— y a los cinco años por obstrucción a la justicia impuestos en enero, dentro de la batería de causas derivadas de su efímero estado de excepción, que apenas duró unas horas antes de que la Asamblea Nacional lo revocara.