Los colombianos se preparan para acudir a las urnas el 31 de mayo de 2026 en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que definirán al sucesor del presidente saliente, Gustavo Petro. El primer gobierno de izquierda en la historia del país cierra su mandato entre profundas divisiones de la opinión pública, según reflejan las encuestas y el debate político en las calles.
Un balance agridulce
El Ejecutivo de Petro, que asumió en agosto de 2022, ha impulsado reformas sociales ambiciosas en materia de salud, pensiones y trabajo, pero su implementación ha sido tortuosa. La oposición denuncia un aumento de la inseguridad y un crecimiento económico inferior al esperado, mientras que sus partidarios destacan los avances en igualdad y la reducción de la pobreza. Colombia, socio estratégico de España en Iberoamérica, afronta ahora una transición política que tendrá implicaciones diplomáticas y económicas bilaterales.
La carrera electoral
Los principales candidatos a la sucesión son el progresista Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico; el centroderechista Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia; y el populista Rodolfo Hernández, quien ya fue segundo en 2022. Las encuestas apuntan a una segunda vuelta reñida, con un electorado polarizado entre la continuidad del cambio y el retorno a políticas más conservadoras.
El próximo presidente heredará un país que enfrenta desafíos estructurales: la pacificación territorial tras el conflicto armado, la crisis climática que golpea al sector agrícola y la necesidad de mantener el ritmo de inversión extranjera. Empresas españolas con presencia en Colombia, como Telefónica, BBVA y Repsol, siguen de cerca el desenlace electoral.
El primer gobierno de izquierda de Colombia sigue dividiendo a la opinión pública, como lo demuestran las encuestas y las protestas de ambos bandos en las principales ciudades.
La jornada electoral del 31 de mayo será un termómetro no solo de la gestión de Petro, sino de la dirección que tomará el país andino en los próximos cuatro años. La participación ciudadana se prevé alta, y la comunidad internacional, incluida España, observa con atención el proceso.
